El Ejecutivo nacional derogó una norma vigente desde 1993 que controlaba los precios de las matrículas en los colegios privados. Con esta desregulación, los establecimientos tendrán la facultad de definir sus propios aranceles sin autorización previa del Estado, una decisión que podría tener efectos directos en el ciclo lectivo 2026, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires es el Gobierno bonaerense el encargado de avalar los aumentos, por lo que se espera que no se sume a la desregulación libertaria.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.
Libertad de precios para los colegios privados
El decreto advierte además que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, sostiene que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que les impide ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.
El Gobierno también enfatizó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios.
